
Presidente de AEGI en Castilla y León
No es oro todo lo que reluce. En la cartera actual de las entidades financieras hay inmuebles muy interesantes y otros que están muy lejos de serlo. Algunos de ellos tienen un estado muy degradado, problemas en los pagos de las comunidades, suministros, etc.
Problemas que al final pueden repercutir en un comprador poco informado. Pero más allá de estos obstáculos quizás el problema principal de los inmuebles bancarios es el precio, en muchos casos, claramente fuera de mercado.
Los precios y los descuentos que las entidades financieras publican suelen ser en base a valoraciones de mercado realizadas antes de la caída del precio de la vivienda o bien, en base a la deuda hipotecaria del titular anterior de la vivienda.
Antes de comprar una vivienda procedente de entidades financieras, los futuros compradores se deberían asesorar por profesionales inmobiliarios que les orientes sobre todas las repercusiones legales y fiscales, sus derechos y obligaciones en la compra del inmueble, así como la determinación del precio adecuado de adquisición de los inmuebles.
En cuanto a una comparación de este tipo de adquisición de vivienda con respecto a otros tipos de inmuebles más tradicionales hasta ahora, desde la patronal AEGI queremos hacer especial mención a que las entidades financieras, cuando se les compra directamente a ellas sin la participación de un profesional del sector con la correspondiente cualificación, centran su esfuerzo en convencer a los clientes por la vía financiera, dejando a un lado conocer sus necesidades presentes y futuras.
En este sentido, como es lógico, la compra directa a las entidades financieras funciona de una forma muy similar a como se realiza la compra entre particulares, intentando vender como sea su producto, sin importar si el cliente lo necesita o no.
En cualquier caso, desde AEGI nos negamos a ponerle a los bancos el apellido de inmobiliarias. Probablemente se asemejan más a propietarios que, por el motivo que sea, han heredado una cantidad enorme de propiedades y no saben qué hacer con ellas y, algunas veces hasta tienen problemas para localizar cuáles son.
No saben lo que valen, tardan incluso mucho tiempo en tomar la posesión sobre ellas porque les falta información, algunas se les llenan de okupas, no saben cómo sacarles el mejor partido (alquilarlas, venderlas, alquiler social, …) Y no invierten ni un euro en mejorarlas para darles salida en mejores condiciones.
Hay que hacer mención a un fenómeno que se nos viene encima: los llamados «fondos buitre» que, a la sombra de un mercado inmobiliario convulso, intentas hacer su agosto comprando paquetes inmobiliarios a muy bajo precio a las actuales entidades financieras y SAREB (con descuentos de hasta el 80%) y vendiéndolas en el mercado español e internacional a precios actuales de mercado, con los consiguientes beneficios que al final pagamos entre todos.
No obstante se podría considerar una práctica lícita de mercado, si no existieran además beneficios fiscales para este tipo de empresas promovidos por la administración y, muy lejos de los que se encuentran las empresas españolas que luchan por la supervivencia.
Desde AEGI estamos proponiendo medidas que permitan controlar las especulaciones salvajes de este tipo de inmuebles, así como defender los intereses de los consumidores compradores de este tipo de inmuebles. En muchas zonas de España existe una necesidad real de inmuebles sociales que, tal y como han ido las cosas, ya han sido pagados por todos nosotros y deberían formar parte del fondo social de la administración.
Alberto Murcia
(Presidente de la Asociación de Empresas de Gestión Inmobiliaria de Castilla y León – AEGI CyL)
Colaborador que escribe desde Segovia.